Con el título de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, el pasado jueves el presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que puntualiza las 41 empresas del Estado que pretende privatizar. Entre ellas, hay varias cordobesas como la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea), Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, Dioxitek, VENG, los Servicios de Radio y Televisión Argentina (SRT) y Radio Nacional Córdoba.
En un punteado realizado por La Nueva Mañana, se calcula que más de 2.600 familias cordobesas se verán golpeadas por la concesión de estas empresas en las que tiene acciones el Estado, sin contar el personal que trabaja en nuestra provincia para Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, la petrolera YPF o Ferrocarriles Argentinos, entre otras empresas incluidas en el anexo de la ley ómnibus.
En el texto del proyecto de ley se destaca la disposición de privatización “de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N.º 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.
El caso Fadea
La empresa que más empleados tiene es Fadea con más de 950 trabajadores. La Fábrica Argentina de Aviones fue creada en 1927 y en pocos años cumplirá 100 años en Córdoba. Su caso es particular ya que ya pasó en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, por una concesión con Lockheed Martin hasta el año 2009, en que fue reestatizada.
Durante ese período en manos del conglomerado estadounidense hubo poca inversión y su crecimiento sobrevino luego de que el Estado argentino volviera a adquirir las acciones en la empresa. En la actualidad, tiene convenios con clientes a firmas de Brasil, Dubai o Israel. Sin embargo, el Estado mantiene una deuda con la fábrica de cerca de 7 millones de dólares, lo que cortó la cadena de pagos de los proveedores internacionales para la fabricación de partes de aviones y para el mantenimiento de aeronaves.
A los empleados de estas empresas se le suma el personal que trabaja en nuestra provincia para Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, la petrolera YPF y Ferrocarriles Argentinos, entre otras incluidas en el anexo de la ley ómnibus.
Ni ñoquis ni de La Cámpora
En las plantas de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, en tanto, se desempeñan más de 800 trabajadores entre las dos ciudades.
El operario y secretario general de junta interna de ATE de la Fábrica Militar de Villa María, Jonathan Cruzeño, contó que la planta cuenta con unos 420 trabajadores entre su área administrativa y la productiva.
La fábrica se encuentra trabajando al 50% de capacidad por falta de materia prima, y de mantenimiento y de inversiones por parte del Estado. “Tenemos contratos con una empresa de Perú, a la cual exportamos un componente activo que se usa para la elaboración de dinamitas. También hacemos pólvoras para balas de cañones de gran calibre, y nitrocelulosa, que se utiliza para pólvoras o la fabricación de explosivos propios”, contó.
El operario precisó que la planta no da pérdidas. De hecho, enfatizó: “Es una fuente de ingreso de dólares al país porque estamos exportando lo que producimos”.
Del mismo modo, Mayra Luján, delegada de los trabajadores de la Fábrica Militar de Río Tercero, indicó entre la planta química y la metalmecánica, hay cerca de 400 empleados trabajando.
“Estamos viviendo con la angustia de llegar al trabajo y que no te permitan el ingreso”
“En la planta química producimos ácido nítrico, nitrato de amonio, ácido sulfúrico y éter. Y en la planta Metalmecánica, luego de las explosiones del 1995, no se fabricaron más explosivos. Ahora nos dedicamos a la reparación de vagones para recargar granos, y ahora estamos desarrollando un proyecto para armar los kits de los jeeps de exploración para el Servicio Militar”, explicó.
Mayra recordó que durante el Gobierno de Macri hubo despidos en la fábrica y que se fueron varios empleados de la ciudad que alquilaban su casa y compraban en los comercios locales. “Fue un gran impacto económico para Río Tercero”, recordó.
Además, enfatizó que la empresa produce no solamente para el Estado, sino también para “privados que no consiguen mano de obra calificada y nos contrata para hacer reparaciones”.
Luján comentó que, tras la asunción de Milei, sufrieron ya el embate del DNU que informa sobre la no renovación de los contratos de trabajadores que ingresaron a cubrir puestos en el Gobierno y las empresas con capitales estatales. Ahora, tras la confirmación que Fabricaciones Militares podría ser privatizada, vuelven a vivir momentos de zozobra.
“Estamos viviendo con la angustia de llegar al trabajo y que no te permitan el ingreso o te informen que la fábrica fue vendida o va a cerrar. Ya nos tocó con varios trabajadores que entraron a través de contratos este 2023 y ya dijeron que no se renovarán. En Río Tercero, siete de cada 10 personas votaron a Milei, y creen que esta empresa está llena de ´ñoquis´ o que somos todos de ´La Cámpora´. Recibimos constantemente la agresión de la gente que por redes sociales nos dice: ´Ojalá los echen porque el sueldo de ustedes sale de nuestros impuestos´”, aseguró.
VENG y Dioxitek
Otras de las empresas que son puntualizadas en la ley ómnibus son Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG) cuyo principal proveedor es el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), que en Córdoba tiene sede en Falda del Carmen. La mitad de los trabajadores que tiene VENG y Conae en todo el país se encuentran en Córdoba: unos 300.
Dioxitek es una empresa que se dedica a generar polvo de dióxido de uranio y a producir fuentes selladas de Cobalto 60. El polvo de dióxido de uranio es utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para los argentinos. En su planta de Alta Córdoba, trabajan cerca de 300 empleados.
Fuerte golpe a los medios de comunicación
El listado incluido en la ley ómnibus incluye entre las empresas sujetas a privatización a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A. (los SRT) y Radio Nacional (que incluye a la frecuencia LRA 7 de Córdoba).
En el caso de los SRT, en su predio de barrio Marqués de Sobremonte funcionan cinco medios: AM 580 Radio Universidad, FM 102.7, Canal 10, Canal U, y el portal web CBA24N. En total, emplea alrededor de 240 trabajadores de la comunicación. Tanto Radio Universidad como Canal 10 cumplieron 82 años de vida en Córdoba este 2023.
Por su parte, Radio Nacional Córdoba cuenta con alrededor de 60 empleados. La emisora que transmite en el 750 kHz de AM tiene sus estudios y auditorio instalado en pleno centro de Córdoba, en calle Santa Rosa. Inauguró el 26 de octubre de 1957, por lo que lleva 66 años en el aire.
Estas dos empresas de comunicación se caracterizan por su pluralidad de voces y por ser “semillero” de muchos comunicadores de renombre, que hoy se desempeñan en diferentes medios de Córdoba. Cómo será el proceso de concesión y qué consecuencias puede tener en sus contenidos son dos preguntas que develan a muchos de sus empleados que temen por el futuro de su fuente laboral.
Fuente: La Nueva Mañana