Se desempeñaban en el norte de la provincia. Uno ya confesó todo. Los estupefacientes eran usados para “pagar” a dateros y así concretar operativos, según la pesquisa. La situación del fiscal Ramírez, más comprometida.

La causa judicial que desde hace meses viene golpeando los cimientos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba sumó en los últimos días un capítulo decisivo.

El pasado viernes, siete agentes de esa fuerza fueron elevados a juicio acusados de integrar una presunta asociación ilícita que, según sostiene la investigación, robaba estupefacientes incautados para usarlos como pago a informantes en procedimientos encubiertos en la zona de Cruz del Eje.

Paralelamente, el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico Raúl Ramírez y su secretario Patricio Bazán, ambos con sede en esa jurisdicción, ya habían sido enviados a juicio el 7 de abril por supuesto encubrimiento agravado.

La investigación, a cargo del fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger (de Córdoba Capital), describió un supuesto entramado de irregularidades dentro de la brigada de la FPA en Cruz del Eje que terminó con 10 personas imputadas, entre policías y civiles, además de un fiscal y un secretario judicial.

Tras el escándalo que detonó en 2024, el histórico jefe de la FPA, Adrián Salcedo, fue removido de su cargo junto a toda la cúpula. El comisario permaneció durante nueve años frente a esta fuerza de seguridad dedicada a combatir el narcomenudeo en Córdoba.

La FPA fue creada en 2014 por el por entonces gobernador José Manuel de la Sota, luego de la desarticulación de la División Drogas Peligrosas de la Policía provincial por el “narcoescándalo”.

La FPA depende de la Fiscalía General de la Provincia.

Elevación a juicio

De acuerdo a la acusación del fiscal Klinger, los policías de la FPA Luis Rubén Benavídez, Diego Omar Bertino, Néstor Javier Márquez, Raúl Eduardo Moreno, Isidro David Rivero, Antonio Eduardo Ruiz y Sergio Ruiz habrían integrado una supuesta organización que, de manera sistemática, desviaba droga secuestrada en operativos para pagar a “dateros”.

Salcedo denunció el faltante tras dos operativos en Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba.

La causa recayó en manos del fiscal Klinger, quien comenzó a hilar fino y llegó a ordenar el secuestro de los celulares de los imputados.

Allí explotó la “bomba”, cuando los investigadores se encontraron enfrente de un sinnúmero de conversaciones que habrían expuesto las maniobras.

La confesión de un policía

Uno de los policías, Raúl Moreno, marcó la diferencia.

Desde el inicio de la causa, se declaró “arrepentido” y reconoció su participación en los hechos. En su entorno reconocieron que la prueba era abrumante.

En su segunda declaración, manifestó: “Estoy arrepentido de lo que sucedió, de mi forma de actuar dentro de la Fuerza. Pido disculpas a la fuerza, a mis compañeros, a mi familia”, según destacó su abogado, Carlos Cardeilhac.

Su confesión, en la que admitió haber entregado droga a un informante a cambio de datos, aceleró la causa y evitó, según destacó su defensa, “un desgaste judicial”.

Moreno pidió someterse a un juicio abreviado y solicitó una pena menor a tres años de prisión efectiva.

Mientras tanto, otros imputados negaron los hechos o plantearon su descargo en distintas instancias procesales.

Fuente: La Voz